En abril de 2026 el Gobierno puso fin a la tramitación del proyecto que buscaba reemplazar la actual Ley General de Pesca y Acuicultura. Se trataba de una iniciativa de gran envergadura —375 artículos y 28 disposiciones transitorias— que había ingresado al Congreso en enero de 2024 y que, entre otras cosas, incorporaba criterios sobre cambio climático, equidad de género, protección social de pescadores y pescadoras y trazabilidad alimentaria.
En este contexto, y según lo que ha planteado el subsecretario de pesca Osvaldo Urrutia, esta administración no tiene contemplado impulsar grandes reformas legislativas al sector, sino que más bien se presentarán proyectos de ley acotados en aquellas áreas donde exista acuerdo sectorial, lo que permitiría una tramitación en plazos más breves
Fue este escenario el que reunió a dirigentes e investigadores en una jornada formativa organizada por la Federación de Pesca Nuevo Amanecer junto a la ONG Pesca Sustentable, un espacio donde se debatió sobre el futuro del sector tras el retiro de la iniciativa y las alternativas que se abren de cara a la actual administración, y que además contó con la exposición de la diputada Carolina Tello, integrante de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
“Es probable que durante este periodo existan pocas modificaciones o tramitaciones a nivel legislativo, pero que sí vengan cambios a nivel administrativo y esos de repente son un poco más difíciles de monitorear. Tanto para quienes trabajamos en esta área, como para las organizaciones de pesca artesanal es importante estar atentos, hacer seguimiento y tener conversaciones con las autoridades”, señaló Elizabeth Soto, investigadora de Fundación Terram, durante su exposición en la jornada.
Ese es el trabajo que realiza desde hace algunos años el Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS), a través de su Unidad de Ciencia y Políticas Públicas, que elabora anualmente un Reporte Legislativo con el estado de las responsabilidades asumidas por las autoridades en materia pesquera. Para esto identifican compromisos programáticos de los gobiernos y sistematizan las declaraciones sectoriales en las comisiones del Congreso Nacional y los anuncios de la cuenta pública.
Nicolás Muñoz, profesional del Instituto, explicó durante su exposición en la jornada que este trabajo permite traducir esta información y ponerla al servicio de la comunidad y las organizaciones: “Lo que buscamos con estos reportes es que la ciudadanía pueda pedir la rendición de cuentas a sus representantes: cuáles son los temas en que han avanzado y cuáles no, dependiendo del interés de cada organización”.
A esa falta de seguimiento político se suma otro vacío que los propios pescadores identifican desde la práctica: la falta de investigación científica actualizada para sustentar decisiones, en especial frente a los cambios que ya se observan en el mar. Así lo planteó Luis Gómez, pescador y administrador de Caleta Portales, durante el foro-debate: “La falta de presupuesto para investigar perjudica mucho, sobre todo con esto del cambio climático. Nosotros lo vemos a diario en la pesca, que han cambiado las cosas, por ejemplo, la temperatura del agua. Que no se esté poniendo el foco en eso es catastrófico para el tema de la pesca artesanal”.
En esa línea, Elizabeth Soto agrega que el cambio climático, a través de la temperatura, la acidificación y las alteraciones en las surgencias, ya está afectando a las pesquerías y generando estrés y menor reproducción en los recursos, un factor que hoy no se discute con la urgencia que debería, considerando que sus efectos no son a futuro, sino presentes.
La deuda pendiente: seguridad social para la pesca artesanal
Uno de los elementos que quedó en el camino con el retiro del proyecto fue la llamada Plataforma Social para la pesca artesanal, que incorporaba un conjunto de beneficios sociales para las más de 100.000 familias que dependen de esta actividad a lo largo del país, entre los que destacaba un seguro obligatorio para accidentes y fallecimientos en faena, cobertura de salud y cotizaciones previsionales.
Aunque el proyecto que la contenía ya no avanza, la pregunta de fondo, cómo proteger a quienes trabajan en una actividad de alto riesgo y sin contrato de por medio, sigue abierta, y para algunos actores del sector hay experiencias de otras áreas productivas que podrían servir de referencia.
“En la conversación surgió el ejemplo del mundo agrícola, que cuenta con un seguro subsidiado por el Estado para proteger a los agricultores frente a pérdidas por eventos climáticos, lo que podría ser un buen modelo para replicar. La pesca artesanal no tiene nada parecido y no existe ningún mecanismo de respaldo. Creemos que este tipo de instrumentos podrían hoy ser parte de la conversación en el contexto de estas reformas que planteó el subsecretario de Pesca”, comenta Miguel Espíndola, director del Centro de Pesca Sustentable, quien facilitó el foro-debate de la jornada.
La actividad, que reunió a 22 representantes de organizaciones de base de la Federación en el Club Alemán de Valparaíso, se enmarca en un programa impulsado por la Federación de Pescadores Artesanales Nuevo Amanecer, financiado por INDESPA y ejecutado por la ONG Pesca Sustentable, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de las organizaciones de base frente a los desafíos actuales del sector.
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